Puigdemont reprocha al Tribunal de Cuentas buscar “15 minutos de fama” y retrasar la aplicación de la amnistía
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La defensa del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha presentado un duro escrito en el Tribunal de Cuentas en el que reprocha a la consejera encargada de dictar sentencia por el 1-O y la acción exterior del Govern de buscar sus “15 minutos de fama”, al tratar de retrasar la aplicación de la amnistía, con su intento de elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando, en su opinión, no puede hacerlo.
A lo largo de 19 páginas, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, explica que el Tribunal de Cuentas no puede elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE ni una de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque “no es un órgano judicial”, que son los únicos para los que está previsto, según la carta magna.
En su opinión será interesante comprobar si “siquiera logra superar el filtro de admisibilidad, o si termina convirtiéndose en un ridículo de proporciones considerables, demostrando un desconocimiento fundamental de las capacidades propias del órgano que lo plantea y evidenciando su persistente desvinculación respecto del derecho de la Unión. En términos más claros: no cualquiera puede acudir al TJUE, sino solo aquellos que cumplen con los requisitos necesarios. Y este Tribunal de Cuentas, claramente, no los cumple.”
“El Tribunal de Cuentas, en su función de enjuiciar la responsabilidad contable, no actúa como un órgano judicial ordinario y, por lo tanto, no puede instar el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad”, insiste Puigdemont, que reclama la aplicación inmedianta de la amnistía, cuyo texto prevé un efecto inmediato en la responsabilidad contable, sea cual sea su estado, salvo sentencia firme, lo que no se produce hasta que el Tribunal revisa al resolución del órgano fiscalizador.
“Creemos que ya resultaría bochornoso por lo disparatado del planteamiento que solo persigue fines dilatorios, tal vez hasta mediáticos pero jamás uno que se corresponda con las funciones atribuídas a este órgano”, ya que, a su juicio, “solo se está perdiendo el tiempo, incurriendo en gasto público indebida, e incumpliendo” la ley de amnistía, puesto que “articulado es lo suficientemente clara como para que este órgano la comprenda, a pesar de sus pretensiones de acudir, prejudicialmente, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.
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