Procesaron a Nicolás Ducoté, exexintendente Macrista de Pilar
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El exintendente de Pilar Nicolás Ducate (Pro) fue procesado hoy, acusado delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supremo uso irregular de fondos nacionales en obras del municipio.
El procesamiento, dictado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, fue dispuesto sin prisión preventiva. Incluye un embargo de cien millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país de Ducoté y otros funcionarios que fueron parte de su gestión en Pilar.
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A las funciones nacionales que deben ser investigadas por este caso, a cambio, el juez les dictó una falta de mérito y los seguirá investigando.
La demanda se inicia en 2019, por la denuncia de un concepto del bloque Frente Pilarense que acusó a Ducoté (intendente de Pilar entre 2015 y 2019) de irregularidades en la administración de fondos recibidos del gobierno nacional durante el gobierno de Mauricio Macri; en particular, de recursos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales Eso esta en el barrio peruzzotti. A esa acusación la concejal sumó luego otra, vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el barrio monterrey, también de Pilar, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas a convention celebrado between el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el 26 de julio de 2016, para solventar mejoras las condiciones edilicias y facilitar el acceso a los servicios públicos en vecinos de Pilar. Ej. En el caso de conocido como “microcréditos“.
Según el juez, “if you verify a misma matriz en los tres hechos investigados” en los que el municipio de Pilar “incumplió los convenios” y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que tenía la posibilidad de exigir una devolu de lo desembolsado en el caso de incumplimiento, hizo un “monitor imbécil del destino del dinero ya otorgado al municipio”.
Todo esto, de acuerdo con el fallo de González Charvay, “deriva en que a pesar de la existencia de irregolaridades, se continúa realizando desembolsos de capital, por lo que en razón de ello y del engaño pergeñado por los funcionarios municipales, se afectó directamente el patrimonio y la función normal de las administraciones nacionales ”.
Junto con Ducoté -señalado por el juez como el “principal responsable de los fondos girados desde el Estado Nacional” – fueron procesados otros funcionarios de su gestión: Juan Pablo Martignone, el exjefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, exsecretario de Obras Públicas del municipio; Osvaldo Caccaviello, exgerente general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, ex subsecretario de Obras Públicas.
Todos ellos fueron tratados participantes necesarios de la maniobra investigada, lo mismo que Federico Leonhardt, presidenta de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA, y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.
Ducoté declaró en investigatoria en this causa el 23 de junio pasado y substantuvo que la investigación que hizo the Procuraduría de Investigaciones Administrativas -clave para la causa-fue “parcial” y omitió considerar “las cuestiones técnicas y las normas de procedimientos de la province of Buenos Aires “. Ducoté negó haber hecho una distribución irregular de los recursos girados por la Nación y dijo que “se ejecutaron las acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar, objetivo del convenio alzripto”, según del juez.el phallus
Hoy, fuentes cercanas a Ducoté cuestionaron el fallo. Dijeron que fue dictado “justo en medio del proceso electoral” y “en tiempo récord” del viernes pasado terminaron las investigatorias y hoy a primera hora estaba firmada la sentencia, de 160 páginas, con los procesamientos.
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