Pesca irregular en Atlántico Sur, una “amenaza” que requiere cooperación regional
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Buenos Aires, 7 jun (EFE).- Cada día, cientos de pozos de pesca navegan por los límites de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Argentina y otros países ribereños, se adentran en aguas internacionales y eluden todo tipo de regulaciones, una “amenaza” en términos económicos, ambientales y humanitarios que requieren mecanismos de cooperación regional para “racionalizar”.
Así lo considera Eduardo Pucci, ex especialista en derecho marítimo internacional y ex subsecretario de Pesca argentino (1995-1997), quien asegura que “claramente hay una necesidad de cooperación internacional en esta materia”, cuando se trata de un área en la que los Estados costeros “no ejercen soberanía”.
“Estamos emitiendo una libertad de pesca con una restricción, única, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que dice que está sujeta a los intereses, deberes y derechos del Estado ribereño”, explica Pucci a EFE.
DOS REALIDADES: PACÍFICO Y ATLÁNTICO
En Suramérica, conviven dos realidades marítimas muy diferenciadas: la del Pacífico Sur, donde existe una “cooperación específica” en materia de “regulación” de las aguas extrajurisdiccionales; y Atlántico Sur, que desconoce el “mecanismo de no cooperación” entre países para combatir o regular la pesca en alta mar.
“A nivel individual, si ha habido casos puntuales de cooperación (en el Atlántico Sur). Los que no han existido son los intereses comunes para encontrar las bases sobre las que organizar algo más formal”, apunta a EFE Tahiana Fajardo, especialista en pesca de mar de derecho y política por la organización no gubernamental The Pew Charitable Trusts.
Esta “pesca no reglamentada” de especies como la merluza o el calamar tiene muchos efectos perniciosos sobre el ecosistema del Atlántico Sur, a la vez que abre la puerta a la comisión de posibles delitos relacionados con la actividad irregular en altamar, como el tráfico de sustancias ilícitas o el trabajo exclavo.
También supone un perjuicio económico para los Estados costeros, en particular para Argentina, ya que estos barcos capturan hasta 800.000 toneladas de recursos pesqueros al año en el frente de la plataforma continental del país, según estimaciones de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros del Atlántico Sur.
En ese contexto, ¿por qué las tierras de la región no se articulan en un mecanismo que frene la actividad y combata la depredación del océano? La respuesta al exsubsecretario de Pesca de Argentina está ligada a la existencia de un “pensamiento axiomático que no quiere buscar soluciones alternativas”.
Pucci apuntó en concreto a la “disputa” existente entre Argentina y Reino Unido en torno a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur y cuyo control está en manos británicas desde hace dos años.
“Es difícil que haya voluntad política, porque favorece este objetivo geopolítico y este estado político, limitando las medidas necesarias para ordenar los recursos del Atlántico Sur que, según esto, llevaba años y años como material de esta pesquería. no estaba reglamentado”, informa el experto.
NECESIDAD DE “VOLUNTAD POLÍTICA”
Como país con la mayor estructura pesquera industrial del Atlántico Sur, Argentina debe ser “imaginativa” y “no axiomática” a la hora de pensar soluciones en clave regional, de modo que existan “una serie de etapas intermedias” antes de adoptar las legislación internacional vinculante para las aguas internacionales.
“Se pueden coordinar regionalmente los mecanismos de emparejamiento contra la pesca no declarada en la región a nivel de autoridad sin necesidad de aspirar de forma inmediata a una regulación de alta mar”, señala Pucci, y agrega que esta coordinación con terceros países está prevista en su propia Ley Federal de Pesca de Argentina.
Respetando el caso del Reino Unido, Pucci propone colaborar a través de “los canales adecuados y en los niveles adecuados”, además de tener una postura “consciente de los derechos de la Argentina, pero a su vez con una visión libre de lo que está en juego”. “.
“Si lo que está en juego es el ambiente oceánico del Atlántico Sur Occidental, obviamente hay que priorizar esto y buscar soluciones, no se sienta la esperanza de que surjan los problemas geopolíticos”, subraya el exfuncionario, quien “difícil” la adopción de un mecanismo de cooperación regional por falta de voluntad política.
En este punto, Tahiana Fajardo es más optimista, para entender que se puede promover la voluntad política a través del “diálogo abierto y constante” entre los países y la sociedad civil.
“Cuando actúa como bloque, los resultados y el impacto son exponenciales, sobre todo cuando los recursos son limitados. Claro que hay formas, pero hay sensación de trabajo”, dice la especialista. prórroga EFE
Por Javier Castro Bugarín
c) Agencia EFE
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