otra entidad solicitada que contempla excepciones porque hay pymes que no pueden pagar

Allí Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) le envió un papel al ministro de trabajo, Raquel “Kelly” Olmos instándola a que “si revea, en carácter de urgente, los alcances del decreto” 841/2022. Allí se estableció el pago de la ONU bono de hasta $24,000 para trabajadores con salarios netos inferiores a $185.859, hasta contemplar casos especiales en los que los empleadores no puedan pagar este costo.

“Desde Camima, como representante de las pymes metalúrgicas nacionales caracterizadas por ser de mano de obra intensiva, queremos demostrarles los importantes inconvenientes económicos y financieros que nos produce este remedio unilateral, llevando a muchas pymes a no poder afrontar el mismo, con las consecuencias laborales que podrá entender”, comienza la carta que lleva la firma de José Luis Ammaturo, presidente de la entidad.

Dólar ahorro y tarjetas: ya se puede pedir la devolución de las percepciones del 35% a la AFIP

Según el gerente ejecutivo, “esta medida inesperada (como una de las ferias) se estableció en un mes de grandes desembolsos” para las pymes que “deben afrontar sueños, aguinaldos, vacaciones, además de soportar en particular la carga de cuatro feriados en el mes sin poder producir”.

“Las pymes metalúrgicas entienden perfectamente las necesidades de sus empleados ante una economía que les hace perder el poder adquisitivo de sus salarios en forma constante, sabiendo además que un bono no soluciona la economía de sus trabajadores y por ende complica financieramente a las empresas, debido principalmente a las pymes, es por ello -agregan- que Camima y el resto de las cámaras metalúrgicas acabamos de firmar (simultáneamente con el dictado del DNU 841/2022), acuerdos en el marco de las paritarias”. Los empresarios metalúrgicos acordaron con la UOM y con ASIMRA a Aumento salarial anual del 110% para el período de abril de 2022 a marzo de 2023.

“La industria metalúrgica cuenta con convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto de consenso entre trabajadores y empresarios. Las negociaciones entre pares han funcionado como un mecanismo eficaz para responder al problema de la inflación. La metodología propuesta por el Gobierno incide en esta dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad a la función de uno de los más importantes trabajadores en activo y empresarios industriales como son los iguales”, pide la tarjeta Camima en Olmos.

Continuar leyendo la historia

Para la cámara, el decreto del Gobierno “interfiere con acuerdos existentes” porque “Él es el responsable de pagar un bono a los empresarios que no son culpables de la inflación, solamente sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores”.

“Solicitamos revea en carácter de urgente los alcances de este decreto con el fin de contemplar los casos particulares que fuéramos señalados, en la posición de una buena relación entre trabajadores y empleados, evitando situaciones críticas, económicas y financieras de las empresas, que lamentablemente tarde o mal genio se reflejarán en las relaciones laborales”, finaliza el guión.

La semana pasada varias entidades se manifestaron en contra de la medida. El mones fue el caso del Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que se las entregó al Ministro de Economía, Sergio Massa, quien continuó y el miércoles se susumió la Confederación de Pymes Constructoras quien le envió una tarjeta a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Allí planteó la imposibilidad de cumplimiento material y objetivo de la retribución no remunerativa “por ser arbitraria y, en definitiva, ilegítima”.

Tanto es así que los jóvenes sabían que el Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Aclisa) interpuso una acción de amparo contra el estado por el decreto y solicitó una medida cautelar para que no se aplicara el DNU a la entidad. El escrito recayó en el juzgado federal N°1 de Córdoba. Antes, el Federación Económica de Santa Cruz También tuvo un recurrido en la justicia, pero el amparo fue solicitado por la justicia federal de Río Gallegos.