La Justicia cierra el litigio por la investigación en prensa y condena a la Fiscalía en costas

Nuevo capítulo en la polémica por la destitución del fiscal fuera del caso Villarejo Ignacio Prensa. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha muerto para dar por concluida la controversia que este funcionario presentó contra la decisión del impuestos generales Delaware negarlos y acceder al expediente completo de la investigación que se sigue en su contra por una esta revelación de secretos abogados de Podemos, que terminó archivándose hace un año.

El fiscal, que ahora presta servicio en los juzgados madrileños, presentó una solicitud para que el tribunal superior declare si quieres acceder a las comunicaciones internas o no que sostuvo la Fiscalía durante el procedimiento que se siguió en su contra por un presunto delito de revelación de secretos.

Estas comunicaciones, parte de cuyo contenido si ha hecho público esta semana, han reabierto la polémica que se arrastra desde la salida de Stampa del caso en octubre de 2020, al no obtener ninguna de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que entonces se ofertaban. El asunto surgió en un Consejo Fiscal contrapuesto el pasado mes de noviembre en el que tanto el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García como el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón tuvo que dar explicaciones sobre esta decisión y la investigación interna abierta al fiscal Print que no logro cerrar el assunto. De hecho, desde la mayoritaria Asociación de Presupuesto (AF) si solicita la destino de delgado por su gestión de todo el chance.

En su resolución, de fecha del pasado 7 de marzo ya la que ha tenido encendido El Periódico de España, diario de mi grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, la Sección Séptima de lo Containcioso de este tribunal declara finalizado el presente procedimiento “por satisfacción extraprocesal” -Imprimir logro los documentos finalmente el pasado mes de diciembre– por lo que decreta el archivo y devolución a la administración del expediente administrativo.

Condena a la Fiscalía

El punto importante viene a continuación, ya que la Sala integrada por los magistrados Maríaa Jesús Muriel, Ignacio del Riego, Santiago de Andrés y Manuel Ponte añaden la “expresa condena en las costas de este incidente a la Administración demandada “, es decir a la Fiscalía,”tiene un máximo de 1.000 euros, más IVA procedemos, por todos los conceptos comprendidos en ellas”. Ello supone atribuir cierta responsabilidad a la Administración aunque no se haya podido fallar a favor del denunciante, según fuentes jurídicas Consultadas.

Así apunta la Sala en su auto, en el que recuerda que “había cuenta de la resolución inicial denegatoria expresa de la Administración, que obligó al recurrente a acudir a la vía giudiaria para satisfacer sus pretensiones, con posterior reconocimiento de las mismas, ya avanzado el procedimiento a través de un acto en sentido contrario”la Fiscalía debe responder con el pago de las costas procesales.

Según consta en la resolución, el día 9 de diciembre García dictó un acuerdo por el que entregó a Print el “content integro de los expedientes gubernativos” que le habían sido antes denegados “atendiendo a las singularidad del caso y los hechos posteriores acaecidos a la previa denegación”.

Documentación interna

En el documento fiscal jefe de la Secretaría Técnica añadía, en todos los casos, que la citada documentación es “de carácter interno y reservado de las comunicaciones derivadas de la dación de cuentas del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y no puede trascender a terceros”.

La resolución de conocerse en medio de la última bronca por este asunto, tramitó una comunicación directa en Delgado del fiscal superior de Madrid de diciembre de 2021, cuando la investigación interna en prensa es aún abierta, lo que vendría a contradecir las explícitas oficiales que señalaban que la general tax -cuya pareja, Baltasar Garzóndirige un despacho de abogados que defiende a un imputado en la causa de Villarejo- siempre se había mantenido ajena a este asunto.

En respuesta a estas acusaciones, desde Fiscalía General si ha explicado a El Periódico de España que el Estatuto Fiscal obligaba a mantener a Delgado informada de este asunto, lo que era del conocimiento general y no quiere decir que la fiscal general tuvo alguna intervención.

Tras hacerse pública la solicitud, el caso de Stampa llegó al Consejo Fiscal del pasado mes de noviembre, y la Asociación de Fiscales (AF) –que también mantiene una solicitud ante el TSJ por el asunto myism, aún sin resolver, instó a la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, a que le permitiera acceder al expediente, lo que se les denegó por ser “materia reservada”.