El Salvador: Intensifican persecución a pandillas
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el miércoles que impondrá soldados y policías en las grandes ciudades para intensificar la persecución a los miembros de las pandillas, y quiénes las autoridades responsabilizan de la mayoría de los delitos cometidos en el país.
“Ahora viene la quinta fase, que es la parte de extracción de los delincuentes que no han hecho cola en las comunidades”, dice el agente durante un acto frente a uno de los 14.000 militares que serán sometidos a la persecución de las pandillas.
Bukele no entró en detalles sobre cuándo empezará a aplicar los controles ni en qué ciudadanos se registrarán los accesos y salidas, y adelantó que esta alerta sería a la integridad de las pandillas.
Pero expliqué que retomaré la experiencia de la búsqueda militar instalada en el municipio de Comasagua, en el Sur de San Salvador, para capturar a los responsables del asilo de un campesino de la zona. “Fue exitoso”, defendió el agente, pesó sobre las críticas a su política de mano dura por parte de las organizaciones que denuncian violaciones a los derechos humanos.
En la primera semana del ejercicio operativo de octubre, más de 2.000 militares y de uno a 500 policías de fuerzas especiales tomaron el control de la vía de acceso a Comasagua, a 29 kilómetros de la capital. Las personas que entraban y salían del cerco estaban a veces en un registro estricto.
También utiliza drones para buscar pandilleros que se han refugiado en los cafés de la zona. En dos días capturaron a 50 pandilleros, según la versión oficial, incluidos los presuntos asesinos del campesino.
Bukele aseguró que todas las entradas y subidas a las ciudades fueron bloqueadas para evitar fugas y que los medios también se dirigieron a quiénes se encargan de “brindar alimentos, armas y todo lo que se utilice para ammedrentar a la población”.
El 27 de marzo, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó la posibilidad de participar en un estado de excepción, que se renovó por octava vez después de 10 días y que limitaba la libertad de asociación, suspendiendo el derecho de las personas a prestar servicios debidamente informadas. sus derechos y el motivo de la detención, así como la asistencia de un abogado.
Sin embargo, sois organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado reiteradas irregularidades. Documentó más de 4.000 casos de violaciones a los derechos humanos -detenciones arbitrarias, acoso, amenazas y hasta lesiones- durante los primeros seis meses del estado de excepción y la muerte de 80 personas bajo custodia estatal, según información presentada en octubre.
Cuerdo con ciphers del gobierno, en el que el estado de excepción fue capturado por 58.098 pandilleros o colaboradores de pandillas, entre ellos 843 jefes de clicas o grupos de la Mara Salvatrucha (MS-13) y de Barrio 18. En sus registris, asegura el ejecutivo, tiene constancia de 76.600 pandilleros y faltan por captar alrededor de 26.000.
El mandatario aseguró que en cada mes ha logrado grandes resultados y “El Salvador va camino a ser el país más seguro de todo el continente”.
Según estadísticas oficiales, entre el 1 de enero y el 31 de octubre se registraron 572 homicidios, 38% menos que los 928 en igual período de 2021.
En el mes de noviembre fueron asesinadas 14 personas, entre los tres pandilleros abatidos en un intercambio de disputas con las autoridades, y suman 13 días sin homicidios.
Las llamadas maras o pandillas, que tienen presencia en los barrios y comunidades populares del país, están involucradas en el narcotráfico y la organización criminal. Se extorsiona tanto a comerciantes como a empresas de transporte, y se acusa a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015, la Corte Suprema de Justicia declaró terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. En su sentencia declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de esos grupos.